Una Ley para criminalizarnos a todas

“Papá Estado” se va quitando la careta sin complejo alguno en estos últimos siete años de depredación masiva. Quienes somos “víctimas de las malas lecturas” ya veíamos las gomas que sostenían esa máscara y sabíamos lo que había, lo que hay, tras ella. Simple y llanamente, un Estado. Que de padre tiene lo que nosotrxs de congregación religiosa. Un Estado garante de los intereses oligárquicos nacionales e internacionales. Del capital financiero e industrial. De las exigencias de la “Troika” y de los bancos.

El Estado tiene como arma de domesticación colectiva el miedo. El miedo a no encontrar trabajo o a perderlo. El miedo a un presente y futuro desalentador. El miedo a la indefensión y, en ocasiones, el miedo al miedo. El Estado basado en el miedo tiene un adjetivo que lo define: terrorista.
Un Estado es un Estado y no puede carecer por lo tanto de cuerpos represivos (“de seguridad”, los llaman). Más miedo, metido en nuestros cuerpos y mentes desde el nacimiento de las Naciones-Estado de cuño contemporáneo (entre los siglos XVIII y XIX). No es que antes no hubiera represión, lo que ocurre es que es en esos años cuando adopta su actual forma.

Desde hace un tiempo el Gobierno nos amenaza con su proyecto de reforma de la Ley de Seguridad Ciudadana. Este proyecto puede ser aprobado y aplicado de forma inmediata sin ningún problema ya que el Gobierno tiene mayoría absoluta. En todo caso, no está de más recordar que esta reforma es sobre la famosa “Ley Corcuera” de un Gobierno de otro color.

El problema no es simplemente la “ley mordaza”, hemos de tener en cuenta también otras reformas que se llevan o van a llevar a cabo que la complementan perfectamente, impulsadas por los Ministerios de Justicia e Interior (Tasas Judiciales, reforma del Código Penal, Ley de Seguridad Privada…).

¿Por qué se aprueban estas reformas?

El propio Director de la Policía afirmó que tienen que intervenir cada vez menos a pesar de que hay más manifestaciones que nunca; sus palabras: “Hay una mejora de la seguridad objetiva y subjetiva. En absoluto la Ley de Seguridad Ciudadana responde a una demanda ciudadana. Todo lo contrario”. Por otra parte, delitos y faltas se han reducido un 2% en el último año y la tendencia es a la baja. En la última encuesta del CIS, la preocupación por la seguridad ciudadana ha desaparecido bajo el peso de otras (paro, corrupción, etc.) (1).

¿Cuál es entonces la finalidad? Simplemente, reprimir a la sociedad movilizada contra los recortes, la injusticia social, a favor del cambio de modelo social, etc. y sobre todo, utilizando como víctimas ejemplarizantes a los activistas represaliados para así atemorizar a cualquiera que se atreva a manifestar descontento, desafección al régimen. Sólo en 2012, hubo más de 120 manifestaciones y concentraciones al día (2). Y éstas les horrorizan. En el anteproyecto de Ley elaborado por el Ministerio del Interior, afirman: “el derecho de manifestación se ha ejercido ampliamente en los dos primeros años de esta legislatura. Nos encontramos en el momento adecuado para impulsar una ley que permitirá que queden mejor afianzados los derechos y libertades públicos, garantizando mejor la seguridad ciudadana e impidiendo la aparición de conductas ilegales, violentas y vandálicas.”(3) Traducción: “estos dos años os habéis manifestado y protestado mucho, hay que cortar estas conductas, ya. Pero que conste que lo hacemos por vuestro bien, por vuestra seguridad”.

Las reformas tienen un mensaje claro: “no se meta en política, que si no lo hace como nosotros le decimos (votándonos cada 4 años), le saldrá caro”. Y nunca mejor dicho, porque la reforma lo que pretende entre otras cosas es aumentar considerablemente las sanciones económicas, en el contexto de esta crisis, donde gran parte de la población está empobreciéndose o ya está directamente por debajo del llamado umbral de la pobreza. Por lo tanto a las penas de cárcel, a los malos tratos y torturas, ahora hay que añadir la posibilidad de quedar endeudados de por vida, por simplemente, acudir a una manifestación y ser identificado aleatoriamente por un policía.

Un par de pinceladas sobre las reformas

Acabar con nuestro derecho a reunirnos es un objetivo claro de esta Ley: el Gobierno puede aprobar reformas con aplicación inmediata, con nocturnidad y alevosía, pero nosotros no nos podemos reunir en cuanto lo conocemos para protestar: con la nueva Ley, convocar protestas a través de Internet, las redes sociales o cualquier otra vía, que no hayan sido comunicadas en tiempo y forma podrá ser castigado hasta con 600.000 euros (4). Las reformas del Código Penal también prevén tipificar este tipo de acciones, que pasarán a formar parte del grupo de delitos de alteración del orden público, para los que se establecen penas de prisión elevadas.

Esta Ley aumenta considerablemente las ya pre-existentes, impunidad y represión policiales, prohibiendo, por ejemplo, grabar imágenes de las “fuerzas de seguridad” en su acción represiva. Si hasta ahora se cometían todo tipo de barbaridades por parte de las fuerzas policiales, especialmente los denominados “antidisturbios”, a partir de ahora tendrán la seguridad de que cualquiera que difunda imágenes de estas agresiones, podrá ser castigado por los propios mandos policiales y políticos, en base a la presunción de veracidad que se otorga a las denuncias policiales. Recurrir estas sanciones en los tribunales implicará el abono de 200€ en tasas más un porcentaje de la sanción impuesta.

El Ministro de Justicia, ha decidido ampliar la definición del delito de sabotaje. Hasta ahora era necesario causar daños en las vías férreas, conducciones de agua, gas o electricidad, que obstaculizaran el suministro o que se destruyeran líneas de correspondencia o telecomunicaciones. Si se aprueba la reforma del Código Penal, bastará con interrumpir el funcionamiento de los servicios de telecomunicaciones o de transporte público. Para los que sean condenados por la comisión de este delito se contemplan penas de prisión de entre uno y cinco años.

Se criminalizan acciones que hasta ahora no estaban tipificadas, tales como “los intentos de acoso a sedes de instituciones” o los “escraches”.

En esta Ley, tampoco no se limita de forma clara y completa cómo se realiza la identificación, y lo que es más grave, el cacheo. No se establece que los cacheos sean únicamente externos y superficiales, por lo que permite que se realicen desnudos forzados en la vía pública. Tampoco se garantiza el respeto a la dignidad e intimidad de la persona, ni que éstos deban ser llevados a cabo por una persona del mismo sexo y respetando la identidad sexual (5)

Pero… ¿Ahora qué es ilegal?

Ilegal es “la perturbación muy grave de la seguridad ciudadana en actos públicos, espectáculos deportivos o culturales, solemnidades y oficios religiosos u otras reuniones numerosas” y “la perturbación grave de la seguridad ciudadana en […], cuando no sean constitutivas de delito o de infracción muy grave”, tan ilegal, que la multa puede llegar a los 600.000€ (6) en las catalogadas como infracciones muy graves. El problema es que no se concreta en ningún texto legal qué es “perturbar gravemente la seguridad ciudadana” ni dónde está el límite entre grave y muy grave y dependerá de la voluntad de las Delegaciones del Gobierno y de la Policía el determinarlo.

Alterar el orden estando encapuchado es una falta grave, pero ¿qué es “alterar el orden”? es un misterio que la Ley no aclara, como tampoco aclara si la multa será del mínimo (1.000€) o el máximo (30.000€) (7). Otros términos que permitirán total arbitrariedad son la “ofensa a España” o “resistencia a la autoridad” (8). Debemos recordar que, a pesar de sus nombres sonoros, se trata de actos que ni siquiera pueden considerarse como infracciones graves.

Dejando aparte el tema de las tasas, que imposibilitarán buscar tutela judicial, la “transformación” de faltas en infracciones de la Ley de Seguridad Ciudadana, substrae la sanción del conocimiento judicial: la existencia de falta o delito había de ser apreciada por un juez, lo que suponía una mínima garantía legal. Ahora, al ser faltas administrativas, se sancionarán por la propia Policía y Delegación de Gobierno, que serán juez y parte. Hasta ahora, en numerosos casos los jueces han puesto en libertad sin cargos a personas detenidas por esta misma Policía, porque en los tribunales no apreciaban indicios de delito (8). Sin olvidar la creación en el Ministerio del Interior de un Registro Central de infracciones, es decir, una “lista negra” de las personas sancionadas administrativamente, sin que hayan cometido ningún delito.

Como otras leyes recientes, se trata de reformas ampliamente rechazadas, incluso a nivel “institucional”: partidos políticos, Comisario de Derechos Humanos del Consejo de Europa, el Consejo del Poder Judicial e, incluso, asociaciones judiciales y organizaciones que representan a policías y guardias civiles (8).

El Gobierno justifica esta reforma, ya que dice, la actual ley no da una respuesta contundente y no sirve para el contexto actual. A la vista de los hechos en Gamonal y en las acciones de apoyo en todo el país, vemos que con la actual ley, lamentablemente, tienen una herramienta represora perfectamente válida: detenidos, sancionados, gente que ha pasado por la cárcel y está en libertad provisional a la espera de juicio, etc.

La cuestión es que siempre hay irresponsables que piensan por su cuenta o se cabrean por su cuenta, y pasan de maldecir sus suertes en los bares a la acción. Quizá una acción tan simple como liarse a gritar tras una pancarta o, los más osados, a proferir los gritos a la cara de la autoridad competente. Eso es a todas luces inadmisible, de forma que a las habituales agresiones y detenciones, hay que añadir una vuelta de tuerca a la legislación para evitar tamañas irregularidades. Y, como hemos visto, lo que fue falta será delito. Y aumentarán penas y sanciones. Y las listas negras pasarán de ser un secreto a voces a convertirse en un instrumento administrativo como cualquier otro, con el objeto de contabilizar “desafueros” cometidos por un mismo sujeto. La impunidad policial, garantizada. El acceso a la justicia, gravado.

¿Por qué este endurecimiento de las penas, sanciones y persecución policiales? ¿Qué es lo que se esperan? ¿Por qué tienen tanto miedo? Está claro que esperan una respuesta contundente tarde o temprano. Quieren legitimar la que será su represión desmedida para seguir perpetuando sus espacios de impunidad, dominio y saqueo.

«Ninguna legislación tuvo otro fin que consolidar un sistema de despojo del pueblo trabajador por medio de la clase dominante» Mijaíl Bakunin

(1) El jefe de la policía admite que la ley “no es una demanda ciudadana”. El país, 17 de diciembre de 2013. Disponible en: http://politica.elpais.com/politica/2013/12/17/actualidad/1387283926_218608.html

(2) El primer año de Gobierno de Rajoy se saldó con 36.000 manifestaciones. El mundo, 12 de enero de 2013. Disponible en:http://www.elmundo.es/elmundo/2013/01/12/espana/1357990227.html

(3) www.lamoncloa.gob.es/docs/refc/pdf/refc20131129e_1.pdf

(4) La nueva ‘ley Fernández’ duplica el número de faltas muy graves, aunque mantiene las multas. 20 minutos, 19 de noviembre de 2013. Disponible en:http://www.20minutos.es/noticia/1981165/0/ley-seguridad-ciudadana/ley-corcuera/comparativa/

(5)El Poder Judicial desmonta la Ley de Seguridad Ciudadana por inconstitucional. El País, 25 de febrero de 2014. Disponible en: http://politica.elpais.com/politica/2014/02/24/actualidad/1393272364_019032.html

(6)Las claves del anteproyecto de ley de Seguridad Ciudadana. El Mundo, 29 de noviembre de 2013. Disponible en:

http://www.elmundo.es/espana/2013/11/29/52985b7468434195418b4592.html

(7) Interior corrige la ‘ley Fernández’ tras las críticas políticas y sociales. El país, 28 de noviembre de 2013. Disponible en:http://politica.elpais.com/politica/2013/11/27/actualidad/1385586793_664040.html

(8) El Consejo de Europa también expresa su preocupación por la ‘Ley Mordaza’ del Gobierno. El público, 3 de diciembre de 2013. Disponible en:http://www.publico.es/politica/486702/el-consejo-de-europa-tambien-expresa-su-preocupacion-por-la-ley-mordaza-del-gobierno

 

LA LEY EN ACCIÓN
– Participar en una movilización no comunicada:
Infracción leve, castigada con multas de entre 100 y 1.000 euros. Si a la Policía se le antoja decir que eres el convocante, por Twitter, whatsapp o cualquier otro medio, también podrá ser multado con esas cantidades, aunque no aparezcas por allí. Si te consideran convocante, aunque ni siquiera estés allí y alguien protagoniza disturbios entonces te podrán multar con hasta 30.000 euros –falta grave.

– Participar en “altercados”, sin cometer delito:
Aunque lo que hagas no revista la gravedad suficiente para ser delito, es una falta grave (1.000-30.000 euros) causar “desórdenes graves o incendios”, tanto en la calle como en establecimientos.

– Participar en una manifestación comunicada que se sale del recorrido:
Infracción leve, castigada con hasta 1.000 euros de multa, aunque no se produzca ningún tipo de incidente.

– Desobedecer a los “”antidisturbios”
Infracción grave (1.000-30.000 euros). Aquí se incluye la negativa a identificarse o, incluso a entregar el DNI, limitándose a mostrarselo a policía, que ahora es falta leve, hasta 1.000 euros.

– Insultar a un policía:
Infracción leve, de entre 100 y 1.000 euros.

– Protestar la jornada de reflexión o de votación:
Entre 30.000 y 600.000 euros de multa, ya sea a las puertas de la sede de una formación política o en cualquier otro lugar, ya seas “convocante” por las redes sociales o asistente.

– Parar un deshaucio:
Entre 1.000 y 30.000 euros para quienes protagonicen “actos de obstrucción” a la ejecución de una decisión judicial o administrativa a cargo de una autoridad o cargo público.

– Interrumpir el mitin de un partido:
“Perturbación del orden en un acto de campaña electoral”. Entre 1.000 y 30.000 euros de multa.

– Ofensas a España, la Policía, el Poder Judicial, el Ayuntamiento:
Multas de entre 1.000 y 30.000 euros para las “ofensas o ultrajes” a España, las comunidades autónomas, entidades locales y sus instituciones, símbolos o himnos. Y atención a escribirlas en redes sociales: el articulado penaliza su difusión “por cualquier medio”.

– Descolgar una pancarta de un edificio:
Entre 1.000 y 30.000 euros si es un edificio institucional o considerado de interés “histórico-artístico”.

Además, si cometes tres infracciones leves en un plazo de dos años, serás castigado como si hubieras cometido una grave. Y si son tres graves, como si fuera muy grace. Este es el principal argumento del Ministerio del Interior para poner en marcha un registro de infracciones, una suerte de fichero policial de infractores, incluidos los desobedientes.

Todas estas multas las dicta directamente la Delegación del Gobierno, no hace falta que un Juez te declare culpable de lo que te acuse la Policía, pues se presume la veracidad de sus denuncias. Si quieres recurrirlas tendrás que acudir a la vía de lo contencioso-administrativo, cargada con las tasas judiciales por la reciente reforma del Gobierno (200€ más un porcentaje de la sanción impuesta).